
El abandono de los montes y su invasión caótica por urbanizaciones y otras construcciones han creado escenarios de altísimo riesgo, en los que incendios cada vez más virulentos y destructivos afectan de modo creciente a la población. Los desastres como los miles de evacuados en Doñana y la tragedia humana de Portugal, confirman esta tendencia. Entre otros medios que se hacen eco de los incendios dándoles un toque político, sindical, y hasta de incompetencias, el informe anual de incendios de WWF, “Fuego a las puertas” la organización alerta de que urge cambiar el enfoque de la lucha contra el fuego, y por supuesto, alejarse de las connotaciones políticas centrándose en lo meramente funcional. De no hacerlo, acabaremos afrontando situaciones de verdadera emergencia nacional en un futuro cercano, con superincendios simultáneos e inabordables por los medios de extinción.
La ausencia de planificación y gestión forestal han convertido muchos montes en auténticos polvorines. Sumado a los efectos del cambio climático, son el combustible perfecto para una nueva generación de superincendios: en la última década, el tamaño medio de los grandes incendios forestales (GIF) ha aumentado un 25%.
En este mismo informe WWF alerta de que a esta tendencia se suma la expansión dispersa, desordenada –y muchas veces ilegal- de las construcciones en entornos forestales. Un nuevo factor que hace que los incendios del siglo XXI hayan dejado de ser un problema estrictamente ambiental o rural, para convertirse en una emergencia civil: cada vez más, el fuego amenaza viviendas aisladas, urbanizaciones o pueblos, complicando enormemente las labores de extinción. En 2015 se produjeron un 40% más de evacuaciones en relación al total de incendios que en 2005, el primer año en el que existen estadísticas del Ministerio de Interior.
Los últimos desastres y especialmente las tragedias viviendas en distintos países por estos motivos, son un terrible recordatorio de lo que nos espera si no cambiamos el enfoque de la lucha contra el fuego. Los superincendios que nos traen el cambio climático y el abandono de los montes no podrán apagarse con agua. Se necesita revertir el modelo de urbanismo caótico y salvaje que ha creado paisajes de altísimo riesgo, y apostar por verdaderas políticas de prevención que hagan nuestros paisajes y montes menos vulnerables ante el fuego
“Cuando se mezcla el fuego con el cambio climático, montes llenos de combustible, zonas forestales habitadas, e incompetencia humana, el resultado es lo más parecido a un infierno para los medios de extinción, como se puede comprobar con las últimas estadísticas de bomberos y personal de extinción de incendios fallecidos en los últimos años.
En lo relativo a esas zonas en las que se difumina la frontera entre lo urbano y lo forestal –la llamada interfaz urbano-forestal-, las administraciones deben invertir esfuerzos urgentes para conocer la dimensión del problema, así como que se impida la construcción de nuevas viviendas en los montes y se eliminen (demuelan) las edificaciones ilegales. El litoral mediterráneo, la Comunidad de Madrid, Galicia o el valle del Tiétar en Ávila son regiones con zonas de interfaz muy peligrosas en caso de incendio. Además, hace falta concienciar y corresponsabilizar a la población sobre el riesgo: tan sólo el 10% de las urbanizaciones disponen de planes de autoprotección frente al fuego.
Es urgente un cambio en las políticas de lucha contra el fuego si queremos evitar un futuro catastrófico, con incendios ante los que poco podrán hacer los medios de extinción. A la vez que propulsar las verdaderas políticas de gestión y prevención, centradas en hacer menos vulnerable el territorio ante los incendios con medidas como promover la recuperación de usos y aprovechamientos de manera sostenible – explotación forestal, ganadería extensiva, aprovechamiento de biomasa – reconvertir antiguas plantaciones forestales – auténticas “bombas de relojería” para alimentar grandes incendios en bosques autóctonos y diversos, promover la gestión forestal o impulsar las quemas prescritas.
Estas medidas deben priorizarse en las zonas de alto riesgo de incendios, que las Comunidades Autónomas siguen sin identificar de forma coherente y transparente pese a tratarse de una obligación legal.
Fuente: WWF